El 12 de diciembre de 2019, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló las partes de un decreto de 1996 que habían sacado una franja costera de Cocles del territorio indígena Kéköldi. Terrenos donde desde hacía décadas había hoteles, casas y restaurantes volvieron a quedar dentro del límite legal de la reserva. Desde 2021 el Registro Nacional mantiene una anotación sobre las fincas afectadas. El 27 de abril de 2026 se presentó el proyecto de ley 25545 para trazar de nuevo el límite. A septiembre de 2026 no se ha votado.

La disputa trata de dónde cae una línea legal, y no alcanza a todo Cocles. Que un lote esté afectado depende de su posición respecto a esa línea y de la historia de su título, y ambas cosas deben revisarse lote por lote.

Cómo se movió el límite

La línea se ha redibujado por decreto varias veces. La exposición de motivos del propio proyecto resume la secuencia. El Decreto 7267-G de agosto de 1977 creó la reserva de Cocles, fijó sus límites y ordenó inscribirla como parte de la reserva de Talamanca. La Ley Indígena 6172, del 29 de noviembre de 1977, dio rango de ley a esos límites y establece, en su primer artículo, que una reserva solo puede reducirse mediante ley expresa.

En 1985 otro decreto hizo de Cocles una reserva independiente. El Decreto 25296-G del 24 de junio de 1996 la renombró Bribrí de Kéköldi y excluyó un área que, según el texto, se había incluido por error, con fincas privadas y parte de la costa. Un decreto de 2001, el 29956, agregó terrenos en el noroeste, entre las nacientes de los ríos Carbón.

La sentencia de 2019, 004507-F-S1-2019, anuló la exclusión de 1996 pero mantuvo los cambios favorables a la reserva. Entre sus motivos estaban que no se había consultado a la comunidad indígena y que una reducción requería una ley, no un decreto. Según La Nación, los terrenos devueltos a la reserva suman unas 1.200 hectáreas cerca de playa Cocles. En el caso concreto, la Sala reconoció que la sociedad involucrada había comprado de buena fe y ordenó expropiar su terreno con indemnización. Esa orden se refería a esa sociedad. No convalidó las demás ventas de la zona ni prometió indemnización a cada propietario, y no se pudo confirmar si la sociedad ya recibió el pago, ni por cuánto.

Qué dice la ley sobre los terrenos dentro de una reserva

El artículo 3 de la Ley Indígena declara las reservas inalienables y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan. Quienes no son indígenas no pueden comprar, alquilar ni adquirir de otra forma terrenos dentro de ellas.

Un título inscrito no resuelve la cuestión por sí solo. El 31 de julio de 2024, en la sentencia 2024-004917, el Tribunal Contencioso Administrativo negó la indemnización al heredero de un propietario de terrenos dentro de Kéköldi. Las dos fincas inscritas se habían comprado en 2002 y 2007, cuando la reserva ya existía, y el Tribunal sostuvo que la confianza en la publicidad registral no salvaba una compra que el artículo 3 prohíbe. Ese caso se refería a terrenos que siempre estuvieron dentro de la reserva. Si el mismo razonamiento alcanza a los lotes que quedaron fuera desde 1996 y volvieron a entrar en 2019 no está decidido, y no debe suponerse.

Dos tipos de compensación

En el debate, “compensación” se usa para dos cosas distintas. Una es la indemnización: el dinero que se paga a un propietario cuyo terreno se expropia, cuando se cumplen los requisitos legales. Una orden judicial de pago no prueba que el pago se haya hecho. La otra es la compensación territorial: otras tierras que se agregan a la reserva a cambio de las que salen. Quienes apoyan el proyecto sostienen que el Estado ya hizo ese intercambio hace décadas con tierras del ITCO, la institución que hoy es el INDER. Son dos reclamos que responden a preguntas distintas.

Qué propone el proyecto 25545

La Ley para la Delimitación Territorial de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi (Cocles), expediente 25545, fue presentada por Carolina Delgado Ramírez, del Partido Liberación Nacional, el 27 de abril de 2026. La ficha legislativa de Delfino la registra como presentada, con la comisión pendiente de asignar y sin votaciones.

El texto es breve. El artículo 1 fija los nuevos límites mediante una tabla de coordenadas. El Transitorio I encarga al INDER y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) el financiamiento y el amojonamiento de la nueva línea. El Transitorio II ordena al Registro Nacional desafectar de oficio las fincas anotadas por la sentencia de 2019.

La exposición de motivos calcula que el territorio conservaría unas 5.386 hectáreas. Delfino lo compara con las 7.857 hectáreas actuales: una reducción de 2.471 hectáreas, el 31,5 %. Semanario Universidad informa que el área excluida incluye partes de playa Cocles y playa Chiquita y se extiende tierra adentro hacia la zona montañosa. El territorio en su conjunto atraviesa tres distritos de Talamanca: Sixaola, Bratsi y Cahuita.

Tres puntos del texto quedan abiertos. La exposición de motivos dice que el proyecto debe someterse a consulta previa, libre e informada con la asociación de desarrollo de Kéköldi y las autoridades tradicionales, pero nada indica que se haya hecho. También dice que la parte dispositiva no contempla medidas de reparación y las deja a criterio de los legisladores. Y el Transitorio II, tal como está redactado, no limita la desafectación a las fincas que queden fuera del nuevo perímetro, lo que deja poco clara su relación con el artículo 1. Es una lectura del texto, no un criterio judicial.

Quién sostiene qué

Los grupos involucrados no se dividen en dos bandos claros. La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kéköldi (ADITIK) ha mantenido sus procesos en los tribunales. En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del plan regulador costero de Cahuita, que cubre la costa de Cahuita a Manzanillo, porque no se había consultado al pueblo Kéköldi.

El 26 de noviembre de 2024, tras una gestión de la entonces presidenta de la asociación, Signia Villanueva Morales, la Sala anuló una segunda audiencia y reiteró la orden, según Semanario Universidad. Esa disputa es sobre el plan regulador, no sobre el límite.

En mayo de 2026 la vicepresidenta de la asociación, Dulcelina Sánchez, se pronunció contra el proyecto y afirmó que el territorio llega hasta el mar: la comunidad usaba la costa para actividades culturales y no construyó en ella por tratarse de humedales.

La Asociación de Vecinos Unidos por la Paz y la Justicia de Cocles dice hablar en nombre de 1.244 vecinos. Su presidente, Óscar Brown Colphon, apoyó el proyecto el 16 de mayo de 2026, con el argumento de que se incluyeron tierras privadas en la reserva por error.

El Bloque de Cocles, otro grupo de propietarios, organiza asesoría legal y aportes económicos. Informa de un resultado ante la Sala Constitucional sobre la Plaza de Cocles y de notificaciones por usurpación a propietarios de Calle Tucán en 2025; ninguna de las dos afirmaciones se ha verificado con los documentos originales.

Bloque Verde, un grupo ambientalista sin relación con el Bloque de Cocles, se opone al proyecto y a cómo plantea la consulta. Dentro de la comunidad indígena, el Consejo de Mayores presentó en junio de 2026 denuncias contra la ADITIK sobre el manejo de los asuntos comunales, informó Trece Noticias. La presidenta de la asociación las negó, y las denuncias no mencionan el límite.

Qué significaría para un propietario

El objetivo declarado del proyecto es que los dueños de los terrenos afectados los conserven y que se levanten las anotaciones registrales. Eso no significa que todos los propietarios quedarían protegidos, ni que todos perderían su terreno si el proyecto no avanza.

Si se aprueba tal como está, la pregunta para cada lote pasa a ser dónde queda respecto a las nuevas coordenadas. Un lote que siga dentro del territorio sigue bajo el régimen indígena. Uno que quede fuera todavía debe superar las demás revisiones: la cadena de títulos, la zona marítimo terrestre (que los autores del proyecto sostienen que nunca pudo formar parte de una reserva), los límites ambientales y los permisos. Si no se aprueba, se mantienen el límite de 2019 y las anotaciones.

Antes de una oferta

  • Consultar la finca en RNPDigital y buscar una anotación vinculada a la resolución 004507-F-S1-2019.
  • Pedir a un topógrafo que ubique el plano catastrado respecto al límite de 1977 restituido en 2019 y a las coordenadas del proyecto 25545. La guía del plano catastrado cubre las demás revisiones.
  • Seguir el título hasta 1977 y anotar cuándo se inscribió cada traspaso.
  • Revisar de nuevo el estado del proyecto en los registros de la Asamblea Legislativa poco antes de firmar.

Esto es información general, no asesoría legal. Un abogado costarricense que haya trabajado casos de Kéköldi puede leer un título concreto a la luz de las sentencias y del proyecto, y esa opinión debe llegar antes de pagar cualquier depósito.

Fuentes